La administración municipal de Miguel Prieto Vallejos en Ciudad del Este, cerró el 2023 con una deuda sideral de G. 26.370 millones. Esto en base a documentos oficiales de la institución comunal. Este tremendo agujero en las finanzas de la comuna esteña será cubierto con la recaudación de 2024, lo que es completamente ilegal. Hay funcionarios que no cobran sus haberes hace 4 meses. La deuda mayor esta con los contratados que asciende 15 mil millones de guaraníes. Esta la desastrosa gestión de Prieto, que junto a sus concejales rastreros trata de esconder.
Prieto viene escondiendo todos los documentos relacionados al manejo financiero de la institución municipal. Es que los mismos revelan la desastrosa gestión de los recursos comunales.
Desde setiembre del año pasado se viene denunciando el atraso en el pago de sueldo de los funcionarios municipales. Los documentos internos de la comuna confirman que la deuda en algunos casos es de hasta 4 meses.
Al 31 de diciembre de 2023 la deuda total llegaba a los 26.372 millones de guaraníes. Esto es lo que revela los documentos internos de la propia comuna esteña.
La deuda mayor es con los contratados a quienes se les debe unos 15.693 millones de guaraníes.
La Contraloría Ciudadana publico en las redes sociales un análisis que hicieron sobre la deuda con los trabajadores.
De acuerdo a este análisis es que base a los documentos de la comuna hasta a los concejales se les debe por las dietas, pero hay otros documentos que indican que los ediles si cobraron todos sus haberes con creces.
A los funcionarios permanentes la administración Prieto les debe más de 4 millones de guaraníes.
Mientras Prieto no pagaba los sueldos, si abono el aguinaldo a los funcionarios y les dio de regalo un, si uno, pandulce de medio quilo. Para los trabajadores es una burla. Pues se les debe hasta 4 meses de sus salarios, pero les paga el aguinaldo.
La tremenda deuda de 26.372 millones de guaraníes con la que cerró el ejercicio 2023, por sueldo, debe ser pagado con las recaudaciones de 2024. O sea, van a bicicletear con el dinero del impuesto de los ciudadanos.
Este operativo financiero-contable es ilegal en la administración de la cosa pública.
