Funcionarios de la ANDE intervinieron otra mineradora de criptomonedas en la ciudad de Hernandarias. Se confirmó el robo de energía y las operaciones ilegales con las monedas virtuales. Pero no hay ninguna imputación por parte del Ministerio Público. Es muy sugestivo el actuar los fiscales al mando del fiscal adjunto, Jorge Sosa García. Existe hechos punibles por partida doble, al igual que la impunidad. Ni las multas por el robo de la electricidad pagan, y quienes deben hacerlo es la población, por que la ANDE es una empresa estatal.
Prosiguiendo con el operativo de reducción de pérdidas eléctricas que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) lleva adelante a nivel nacional, los días 21 y 22 de noviembre, funcionarios de la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, dependiente de la Gerencia Comercial, y la Oficina de Gestión de Pérdidas Regional Este y Asesoría Legal de la Institución, realizaron varias intervenciones en el distrito de Hernandarias, departamento de Alto Paraná.
Los procedimientos fueron efectuados en tres propiedades identificadas con los suministros NIS 3230295, 2858243 y 3190098, pertenecientes a los señores Paul Brian Klein, Adrely Ortiz Mega y Sandra Elizabeth Franco Olazar, respectivamente. Durante las intervenciones fue constatada una manipulación en el conexionado de los equipos de medición propiedad de la ANDE.
Los técnicos y cuadrillas que participaron en las intervenciones procedieron a verificar y controlar el suministro. Durante el allanamiento se encontraron numerosos equipos procesadores en funcionamiento que se utilizaban para la producción de criptoactivos (presumiblemente bitcoins). Estos equipos no estaban registrados en el medidor en relación al consumo de energía eléctrica de las propiedades allanadas. Esto evidenció la sustracción de energía eléctrica mediante la manipulación del conexionado de los equipos de medición en Media Tensión.
El procedimiento contó con la intervención del Ministerio Público – Unidad Penal N° 8, con el acompañamiento del personal la Comisaría Jurisdiccional de la Policía Nacional. La denuncia penal fue presentada por los abogados Freddy González e Isaac Bogado, funcionarios de la Oficina de Asuntos Penales, y estuvieron acompañados por el asesor externo de ANDE, el Dr. Alejandro Nissen.
Finalmente, los técnicos de la institución procedieron a normalizar el conexionado de los equipos de medición y se redactó el documento correspondiente. Se estima que la pérdida mensual por energía eléctrica no facturada asciende a Gs. 1.631.709.088, sumado a los gastos de intervención y aplicación de multa según la Ley 966/64, generando un gran daño patrimonial a la institución. Estos costos deberán ser asumidos por los responsables de los suministros intervenidos. Además, los autores, cómplices e instigadores podrían enfrentar sanciones penales por el ilícito constado.
La ANDE recuerda que la manipulación de equipos de medición no solo ocasiona pérdidas económicas para la institución y el país, sino que también constituye un delito que puede acarrear sanciones penales y administrativas. Por ello, insta a la ciudadanía a colaborar denunciando este tipo de ilícitos que afectan la seguridad y calidad del servicio eléctrico en sus comunidades.
