La mensura que costo al municipio 2.800 millones de guaraníes es escondida por el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, permitiendo que sigan desalojando, que ya cobro una vida y está dejando tendal de heridos, y advierten sobre una tragedia. El jefe comunal aseguro a las humildes familias asentadas que son terrenos municipales. El abogado de los afectados acusa a Prieto de evitar que los sintechos accedan a los títulos de propiedad. El intendente sigue con sus mentiras para justificar su actitud criminal, cuando lo que debe hacer es mostrar los documentos de la mensura.
Sin duda es sugestivo. Prietos antes del inició de la mensura decía que se debía hacer el trabajo porque con el mismo confirmaría que todos los terrenos que están dentro de la ex Finca 66 son municipales.
Pago 2.800 millones de guaraníes por la mensura, y ahora el resultado lo esconde. Y debido a esto siguen los desalojos violentos que ahora ya cobro una vida y hay un tendal de heridos. Los ocupantes a medios radiales de la zona indicaron que van a resistir siempre, y que esto va a desembocar en una tragedia, el responsable va ser Prieto por no divulgar el resultado de la mensura judicial que ya se hizo con dinero del impuesto de los ciudadanos.
Pero no es todo.
Graves acusaciones fueron lanzadas el miércoles 4, por el abogado Ramón Recalde, representante legal de familias afectadas en el barrio Che la Reina, y que forman parte de la antigua FINCA 66, que está siendo permanente objeto de decisiones judiciales llamativas, casi todas con órdenes de desalojo.
Sus declaraciones fueron realizadas a Radio Concierto en momento en que la Policía y vecinos se enfrentaban en las calles, y varios heridos eran llevados a hospitales por haber sido alcanzado por balines de goma de la Policía del GEO y de la FOPE, que encabezaron los operativos ya conocidos.
“El directo responsable de esto es el intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto. Nosotros presentamos un expediente para que se ejecute una orden de titular estas propiedades a nombre de sus ocupantes, y él se fue y sustrajo ese expediente y llevó a guardar en su escritorio”, afirmó el Dr. Ramón Recalde.
Sostuvo además que hace tres meses están con esta incertidumbre, aun cuando el jefe comunal no tiene potestad alguna para tocar ni mucho menos discutir una Ley de Congreso o una decisión judicial. ÉL no tiene potestad para hacer nada, no es fiscal, no es juez, pero envalentonándose por su cargo, sustrajo nuestro expediente y lo tiene guardado”, acusó.
El profesional mostró después copas del expediente, y especialmente de una Ley promulgada por el Congreso de la Nación, por la cual se anulan todos los títulos que han sido fabricados para las propiedades que forman parte de la FINCA. La normativa tiene vigencia desde el 18 de diciembre de 2007, momento en que se anularon todos los demás títulos.
“Pero los jueces se complican con los bandidos y en vez de dar justicia a la gente humilde, les garrotea, les viene con el garrote, y van a venir muchas más muertes todavía entonces”, advirtió. Recalde también acusó al Oficial de Justicia que este miércoles fue a encabezar el desalojo, indicando que adulteró un mandamiento de fecha anterior para hacerlo.
“Con esta misma orden ya vino en marzo y entonces impedimos el desalojo, devolvimos el mandamiento, y él sacó una copia y con eso está actuando. El vecindario acá no quiere gastar lo mínimo para defenderse, y se les puede echar a todos, aquí hay 2.000 personas que pueden echar este gobierno, pero no hacen nada. El que encabeza esto es el intendente, en lugar de que el intendente cumpla con su deber”, afirmó finalmente.
