El nuevo dictamen de la Dirección Nacional de Contrataciones Pública es contudente. Hay evidencias de daño patrimonial a la comuna de CDE en la compra irregular de kits de alimentos a la despensa barrial “Tia Chela” por unos US$ 500 mil. El principal responsable es el intendente, Miguel Prieto Vallejos. La fiscalía tiene suficientes evidencias sobre los robos en la comuna esteña y sobran los argumentos jurídicos para imputar y ordenar la detención de Prieto.
El intendente Prieto por las atribuciones que tiene de permanecer en el cargo podría comenzar a eliminar las evidencias sobre este negociado y otros que deben ser aún investigados o auditados. Debido a esto corresponde su imputación y se ordene su detención.
Cada vez más suman las pruebas sobre los robos en la comuna esteña. Lo que sorprende es la impunidad que Prieto tiene.
Sobre los negociados en la compra de alimentos, aprovechando la situación de emergencia por COVID19, por la administración municipal de Miguel Prieto en la Municipalidad de Ciudad del Este, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) abrió dos investigaciones que terminan confirmando la serie de irregularidades, con el agregado de indicios de hechos punibles.
El dictamen cuyas conclusiones están plasmadas en la Resolución N° 226/22, firmada el viernes pasado por el director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, fue remitido a la Contraloría General de la República (CGR), la Procuraduría y al Ministerio Público. El fiscal Juan Ledezma sería muy osado si sigue ninguneando a las instituciones de control que le remiten informes sobre la serie de irregularidades en las compras covid de Prieto.
“Declarar que las licitaciones de referencia se encuentran viciadas de inconsistencias administrativas en contravención a las disposiciones que rigen la materia en compras públicas desde su planificación hasta la etapa de ejecución de contrato, consecuentemente ambos procedimientos por la vía de la excepción y los actos administrativos emitidos por el Ente Municipal son IRREGULARES”.
La compra de 25.000 kits de alimentos a la pequeña despensita Tía Chela, sin capacidad financiera, por G. 2.949 millones y la adquisición de 50.000 kilos de harina al constructor de pozo artesiano don Buena Ventura Morínigo “están viciadas de inconsistencias en contravención a las disposiciones que rigen la materia en compras públicas desde su planificación hasta la etapa de ejecución de contrato. Consecuentemente, ambos procedimientos por la vía de la excepción y los actos administrativos emitidos por el ente municipal son irregulares”, señala la primera parte de la resolución de la DNCP.
“Remitir los antecedentes del caso al Dpto. de Sumarios de la DNCP, a fin de constatar si el actuar de la firma TIA CHELA S.R.L. se encuentra inmersa en alguno de los supuestos del art. 72 de la Ley 2051/03, de conformidad al exordio de la resolución”.
El documento de 38 páginas se ocupa de detallar pormenorizadamente cómo realizaron invitaciones a una firma de una misma familia en el caso de Tía Chela, propiedad de Fermín Ávalos, y su papá Felipe Ávalos, dueño de Danielito SRL. Así también, para regularizar el proceso invitaron a Yrupe, negocio de una amiga del intendente que en ese momento tenía una jugosa adjudicación de almuerzo escolar.
“Remitir los antecedentes del caso al Ministerio Público por indicios de hechos punibles contra el patrimonio público en el marco del Id 328.239”
Con información de La Nación.
