La Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público un reporte de hechos punibles por un negociado de G. 34.163 millones de guaraníes con el almuerzo escolar entre los años 2021, 2022, y 2023 en la Gobernación de Alto Paraná. El gobernador cartista, Roberto González Vaesken y los dueños de FITRA S.R.L., Girasol S.A., Charlot S.A., Copacabana Restaurante, y FASV Import. Export., podrían ser imputados debido a las graves irregularidades detectadas con la provisión y entrega de alimentos a escolares.
El reporte fue enviado por la Contraloría ya el pasado 27 de julio de 2023. En el mismo se relata una serie de hechos punibles que fueron consumados en dos procesos de compra de alimentos para escolares.
Gustavo Trabucco
En el primero el proveedor es Fitra S.R.L., donde aparece como dueño Gustavo Trabucco, quien es conocido por estar en contratos plagados de irregularidades.
El gobernador González Vaesken, firmo varios contratos con esta empresa por ser conocido por los negociados.
En el segundo contrato las empresas adjudicadas fueron además de Fitra S.R.L., la firma Girasol S.A., de Mirian Luján Duarte Ramírez. Que es una firma que igualmente se usan para concretar negociados y el gobernador cartista de Alto Paraná tiene varios contratos con la misma.
Charlot S.A., que es propiedad de Néstor Francisco López Paniagua, que estuvo igualmente involucrado en los escandalosos negociados con el almuerzo escolar en el departamento de Guairá.
El otro es Copacabana Restaurante de Teófilo Amarilla Salinas, igualmente hace parte de un esquema que negociado con alimentos. Actualmente está siendo muy cuestionado en la comuna de Presidente Franco.
Fátima Sartorio y esposo.
Y finalmente FASV Import. Export. propiedad de la seccionalera cartista, Fátima Sartorio Vanni. Esta es una firma crea para concretar negociados. Hay otras denuncias contra la firma por entregar porquería como comida a los escolares.
Los auditores de la Contraloría indican que el gobernador nunca controlo los alimentos que se entregaban, si es que lo entregaban.
Los proveedores no cumplían con las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones.
Todos estos procesos de compra fueron amañados por el gobernador cartista, quien debe dejar el cargo el próximo 14 de agosto.
Debe asumir en su reemplazo César Landy Torres, de quien se espera que denuncie los hechos de corrupción en la institución y que no son pocos.
