En plena pandemia por el coronavirus el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, contrato a 23 hurreros, planilleros, y los hizo figurar como médicos para atender a la población. En esa época lo que faltaban eran médicos. Lo hizo en contubernio con su secretario de Salud, Walter García, hoy diputado. El legislador había indicado que una de las planilleras era técnica en laboratorio, pero la misma dijo a los auditores de la Contraloría que era auxiliar contable, y García dijo que fue un “error de tipeo”.
La Contraloría remitió al Ministerio Público cuatro reporteres de hechos punibles que afectan a la administración municipal de Miguel Prieto. Son casos de corrupción donde se registraron importantes daños patrimoniales al municipio de Ciudad del Este.
Estas denuncias de la Dirección de Auditoria Forense de la Contraloría deben derivar en una imputación por parte de la fiscalía.
El principal responsable es el intendente, quien es el responsable del manejo del dinero público o municipal, pero están metidos en el esquema varios de sus concejales rastreros como Sebastián Martínez, Pedro Acuña, Oscar “Café” González, al igual que funcionarios como Francisco Arrúa, quien ya esta imputado; al igual que Hugo Benítez, y los legisladores Walter García (diputado) y Rubén Velázquez, senador.
En caso del diputado García las contundentes conclusiones de la Dirección de Auditoria Forense de la Contraloría General de la República (CGR), confirma el criminal y deshumano manejo de fondos que deberían haber sido destinados para la adquisición de Kits de alimentos y la salud de la ciudadanía esteña en plena pandemia.
El perfil en Facebook, 24/7 Ciudad del Este señala que solo dos de las páginas, correspondiente a uno de los cuatro informes fulminantes detallan como Miguel Prieto y su secretario de salud Walter Warcia (hoy diputado), dilapidaron el dinero que tenía que ser utilizado para contratar a profesionales de la salud (médicos, odontólogos, enfermeros), el informe es contundente y asegura que cada caso estudiado configura delito.
En el informe se detalla que, de un total de 26 funcionarios contratados con el rubro exclusivo destinado para persona de salud, solo tres eran médicos, los 23 restantes aparecen como auxiliar administrativo, y según la denuncia del entonces concejal Celso “Kelembu” Miranda en verdad eran planilleros.
Prieto, Walter García, y Daniel Mujica
Incluso en uno de los casos Walter García informo oficialmente que la funcionaria Flora Paola Yolanda Esther Samudio Rodas, se desempeñaba como “técnico de Laboratorio” (Laboratorio Municipal), pero los interventores de la CGR entrevistaron a la citada funcionaria y esta aclaro que ella solo era ayudante de la secretaria. Ante una nueva consulta la Dirección de Recursos Humanos respondió que supuestamente hubo un error de tipeo y que la misma se desempeña como auxiliar administrativo y no como técnico de laboratorio.
Los contratos corresponden al año 2020 en plena pandemia, mientras Prieto y sus secuaces simulaban preocupación por la ciudadanía en realidad se aprovechaban de la necesidad para cometer los más deleznables y oscuros negociados, donde además de robar dinero público pusieron en peligro la salud y la vida de la ciudadanía.
Quizás lo más miserable que detecto el análisis del equipo auditor de la CGR, es que los tres únicos profesionales médicos percibían entre 783.000 y 1.091.000 guaraníes en concepto de salario, mientras que los “auxiliares” (hurreros) percibían entre 1.800.000 y hasta 2.400.000 guaraníes mensuales.
En otras entregas detallaremos otros miserables negociados del imputado Miguel Prieto Vallejos y sus secuaces en otras áreas y por las cuales también podría ser imputado por la fiscalía.
