El Juez, José Agustín Delmás, admitió la imputación contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, por el robo en la compra de kits de alimentos de una despensa barrial, Tía Chela, por 500 mil dólares. Pero el jefe comunal seguirá en la Intendencia Municipal desde donde podrá operar buscando su impunidad en este caso, y tiene casi dos semanas, y evitar el arresto domiciliario. El magistrado fijo audiencia recién para la próxima semana.
El juez de Delitos Económicos José Agustín Delmás admitió la imputación contra Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, y otras 10 personas más, por el caso de kits de alimentos, que involucra a una empresa presumiblemente sin stock y con proveedores fantasma, de acuerdo a lo que publica el diario Ultima Hora.
En el mismo día que se dio a conocer la imputación y en cuestión de horas de que tomó estado público, el magistrado admitió este miércoles la imputación contra el intendente Miguel Prieto y otros 10, entre ellos el concejal Sebastián Martínez.
Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia formularon la imputación por lesión de confianza.
El juez Agustín Delmás además ya fijó las fechas de audiencias de imposición de medidas, que será entre el próximo viernes 28 y lunes 31 de julio.
Prieto y otras cinco personas fueron citados en la primera fecha, a partir de las 9:00
Las imputaciones por lesión de confianza fueron realizadas contra Miguel Prieto y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, el director de Administración y Finanzas de la Municipalidad.
Con el mismo cargo, pero en calidad de coautores, también se imputó a Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Himinio Ramón Acuña, Cirle Alizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Fermín Ávalos Britos y Emilia Vanessa Florentín Páez.
Ávalos Britos es el propietario de la empresa Tía Chela SRL, que fue adjudicada por la Municipalidad de Ciudad del Este, y Emilia Vanessa Florentín Páez es dueña de la firma Vanemi SA, que le surtía de mercaderías y que estaría vinculada al jefe comunal.
La causa guarda relación con una licitación que se realizó por la vía de la excepción en marzo de 2020, en época de pandemia, sobre la compra de 25.000 kits para distribuir a personas vulnerables y de escasos recursos.
