Un grupo de seis policías de Investigaciones, entre ellos Karina Caballero Giménez y Diego Fernando Ayala Mallorquín, quienes son sindicados como presuntos recaudadores del ex jefe de Investigaciones en Alto Paraná, comisario Javier Flores, fueron acusados por extorsión junto a un abogado. Los funcionarios secuestraron a una paraguaya que problemas judiciales en España y le exigieron la suma de 100 mil euros para no extraditarla. Los dos agentes mencionados tienen un rosario de denuncias en contra de los mismos.
Los funcionarios policiales ya tienen otras denuncias de robo como el caso de los chinos en Area 5. Cuando eso el jefe de los mismos era el comisario Javier Flores.
Ahora la fiscal antisecuestro Zunilda Ocampos Marín formuló acusación contra seis policías y un abogado por supuesta extorsión a una mujer, a quien presumiblemente pidieron la suma de 100.000 euros para no extraditarla a España, donde tendría problemas legales. El proceso penal contra los acusados incluye cargos por privación de libertad, extorsión y asociación criminal.
Los acusados son la oficial primero Karina Caballero Giménez, el oficial ayudante Diego Fernando Ayala Mallorquín y los suboficiales Ever Raúl Aquino, Rafael Silvero Bogado, Hugo Arnaldo Báez Zalazar y Alfredo Báez Zalazar, así como el abogado Abdo Escobar, quien enfrenta cargos por extorsión.
Según los antecedentes, los agentes policiales, quienes en ese momento formaban parte del Departamento de Homicidios de Alto Paraná, presuntamente se aliaron con el profesional del foro para privar ilegalmente de su libertad a la ciudadana Reinalda Santa Cruz Brítez y exigirle el pago del millonario monto, a fin de obtener un beneficio indebido a expensas del patrimonio de la víctima.
El abogado era el único que tenía conocimiento de los antecedentes legales de la mujer en España, ya que había sido contratado por ella para brindarle asesoramiento judicial al respecto. Sin embargo, Escobar compartió supuestamente esta información con los agentes del orden, quienes el 3 de noviembre de 2022, a las 09:00 horas, interceptaron a Santa Cruz Benítez en la avenida Bernardino Caballero, cerca del supermercado Gran Vía, en el barrio Remansito de Ciudad del Este.
En ese momento, la mujer circulaba a bordo de un automóvil Toyota, de color rojo, mientras los policías de civil se desplazaban en una camioneta de color gris. Los agentes le informaron falsamente que su vehículo fue reportado como robado y la trasladaron a la base del Departamento de Homicidios, en el barrio Boquerón. Durante el trayecto, le preguntaron si tenía un abogado y, en caso afirmativo, le pidieron que lo contactara de inmediato.
Una vez en presencia del profesional del derecho y el esposo de la víctima, el español Juan Antonio Pérez, los acusados interrogaron a la dama sobre su situación judicial en el país europeo, afirmando que la misma tenía captura internacional y debía ser trasladada de inmediato a Asunción.
Durante más de 7 horas, mantuvieron a Reinalda Santacruz privada ilegalmente de su libertad y le exigieron presuntamente el pago de los 100 mil euros para su liberación, y así evitar la supuesta extradición al país europeo. La denunciante refirió que no contaba con dinero, por lo que fue esposada y fotografiada.
No obstante, con el correr de las horas, los policías bajaron sus pretensiones a 10.000 euros, monto que Pérez intentó realizar a través de una transferencia del banco Sabadell de España a una cuenta bancaria proporcionada por los agentes del orden, correspondiente al Banco Familiar, a nombre de Felipe S.R.L.
Pero, la transferencia fue rechazada y la cuenta bloqueada por seguridad, no pudiendo cumplir con lo exigido por los sindicados. Ante este revés, los acusados elaboraron un acta de garantía de pago con espacios en blanco. Fijaron el 4 de noviembre, a las 14:00 horas, como fecha límite para el pago y forzaron a Reinalda Santacruz a firmarla bajo amenazas de ser extraditada. Incluso, supuestamente fue amenazada de muerte al igual que su marido.
Después de cambiar de abogado, la víctima presentó la denuncia formal contra los presuntos extorsionadores el 17 de noviembre de 2022 y la Fiscalía inició una investigación que culminó en la acusación y el pedido de elevación de la cusa a juicio oral y público. El requerimiento conclusivo fue presentado en el Juzgado Penal de Garantías Nº 3, a cargo del magistrado Carlos Vera Ruiz.
