Cuantos ciudadanos más deben morir para que el intendente de CDE, Miguel Prieto, deje de proteger a los buses chatarras que circulan y matan. Debe ocurrir otra tragedia donde una familia queda destrozada, y niños queden huérfanos, como la que provoco un colectivo de la empresa Mburucuyá, que sigue operando “disfrazado” de Ciudad Jardín, con autorización del jefe comunal, para que se tomen medidas.
La semana pasada falleció Cecilia Rocío León Alarcón, quien hace un año fue atropellada junto a su pareja por un bus chatarra. El colectivo estaba fuera de su itinerario, no tenía frenos, y salió el volante. Allí murió el esposo de Cecilia. Casi un año después y a consecuencias de las complicaciones de ese percance, ahora la misma también murió.
El bus chatarra paso por el control técnico de la comuna a cargo del intendente Miguel Prieto.
En una actitud descarada y de burla, Prieto canceló el contra de prestación de servicio con la empresa Mburucuyá, pero autorizó a que los buses chatarras pasen a operar “disfrazados”. Se pintaron con los colores y le pusieron el nombre de Ciudad Jardín, pero sin en el mismo itinerario, las mismas chatarras, y los mismos conductores. Y claro los mismos dueños.
Ni la comuna y la empresa dio un solo guaraní a las victimas de este atroz hecho.
Hace un tiempo Cecilia Rocío León Alarcón había exigido por todos los medios que los propietarios de la empresa Mburucuyá, que sigue operando como “Ciudad Jardín”, les ayudaran a cubrir los gastos hospitalarios.
La mujer que ya perdió a su marido seguía con secuelas a causa del percance, y denunció que nunca siquiera se habían acercado a consultar por los estados de salud de las víctimas.
Ahora, Rocío Alarcón, madre de Cecilia, dijo a los medios de prensa tanto tras el fallecimiento de su yerno como el tratamiento de su hija, ya habían gastado más de G. 200 millones.
Las familias de las víctimas, pese ser de escasos recursos tuvieron que realizar múltiples actividades para recaudar fondos y apelaron en reiteradas ocasiones a la solidaridad ciudadana ya que nunca recibieron ningún tipo de ayuda de los empresarios.
La pareja dejó huérfanos a 3 niños de 9, 6 y 4 años, por lo que los familiares exigen además de justicia, que sean indemnizados por los empresarios del transporte.
