La ferretería San Carlos, propiedad de Carlos Ruiz y su esposa Laura Mariza Ayala, hace más de 12 años usurpa veredas y calles. Sus camiones estacionan en plena calle y ruta sin que sea molestados, creando problemas al tránsito y a la circulación de las personas. Sorprende el abuso que cometen y como ningún intendente, incluyendo al actual Roque Godoy, nada hicieron. Los ciudadanos afectados se quejan de cómo el poder del dinero hace arrodillar a las autoridades de turno.
En total contravención a la Ordenanza Municipal Nº 025/17 vigente en el municipio de Presidente Franco que obliga a comercios como ferreterías y depósitos de materiales de construcción a realizar la carga y descarga de sus productos dentro de sus locales y no hacerlo en la vía pública, los dueños de la ferretería San Carlos S.R.L. siguen haciendo lo que quieren, contando para ello con la complicidad de las autoridades municipales de turno.
Han pasado 11 años y tres administraciones municipales, el de Miguel Medina (+) (PLRA), Alcides Fernández (ANR) y en la actualidad Roque Godoy (PLRA) y ninguno de ellos pudo dar una solución al drama que viven los vecinos del barrio San Lorenzo de ciudad Presidente Franco.
Los propietarios de la empresa, Carlos Ruiz y su esposa Laura Mariza Ayala, quién figura como representante legal en el registro de proveedores del estado.
La firma San Carlos hace uso y abuso de cuatro tramos principales de acceso al municipio: la Ruta 02 Py (ex supercarretera), la avenida Guaraní, la General Aquino y Girasoles.
Sobre la Ruta 02 Py, posee su local de ventas en donde exhiben sus mercaderías en las veredas y en lo que es la banquina de la mencionada carrtera, obstruyendo el paso de los peatones y un depósito en el cual realizan cargas y descargas de sus productos a cualquier hora y en pleno espacio de dominio público.
Los vecinos, cansados de los abusos de parte de los propietarios de la empresa, se unieron y crearon la Comisión Vecinal del barrio San Lorenzo cuyos integrantes se encargan de presentar periódicamente sus quejas en los departamentos de Tránsito, de Medio Ambiente, y el Juzgado de Faltas de la Municipalidad local teniendo como respuesta que no pueden hacer nada porque hay “orden de arriba” que les impide tomar cartas en el asunto.