El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, no informo que paso con la mensura judicial que fue adjudicado a la firma Geocad, de Jorge Daniel Quintana por más de G. 2.600 millones. De acuerdo al cronograma ya debería estar terminado, aunque legalmente tiene plazo hasta el 31 de diciembre de 2022. La semana pasada se registró otro violento desalojo y el resultado de la mensura pudo haber evitado…?. Pero, el jefe comunal junto a sus concejales rastreros se llamaron a silencio.
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El propio Prieto había asegurado a los ocupantes precarios de tierras en la zona de la denomina ex Finca 66, que con el inicio de la mensura judicial terminarían los desalojos. Pero esto es una gran mentira, ya que las órdenes judiciales siguieron saliendo, y van a seguir.
Lo que no dijo el intendente Prieto a los humildes ciudadanos es que la mensura no asegura nada. La misma podría acelerar los procesos de desalojos. La mensura que técnicamente ya debe estar termina puede revelar que todos los terrenos dentro de la ex Finca 66 son municipales y quienes compraron sus propiedades de inmobiliarias, no sirve.
O que todos los títulos son válidos y que no hay más terreno municipal, lo que significa que los ocupantes precarios deben dejar sus terrenos o comprarlos.
La interrogante es porque el intendente Prieto hasta el momento no dio a conocer ya los detalles de esta mensura judicial.
La semana pasada se registró otro violento desalojo. Si la mensura revela que todos los terrenos son municipales podría haber sido usado para evitar ese desalojo violento.
Sin duda que Prieto y sus concejales rastreros tienen mucho que explicar.
El jefe comunal además está escondiendo todos los detalles relacionados al trabajo y a los pagos que se hicieron.
Mientras centenas de humildes familias viven en zozobra Prieto decide esconder los resultados de la mensura judicial que debe costar a la población la astronómica suma de G. 2.600 millones de guaraníes.
El documento competo debe ser puesto a disposición de la ciudadanía para saber la verdad y si el trabajo se hizo de acuerdo a lo que estaba pactado en el contrato firmado entre el corrupto intendente Prieto y Jorge Daniel Quintana.