Los concejales rastreros del intendente de CDE, Miguel Prieto, a pedido de este, anularon la concesión del predio municipal donde está el Shopping Box y el Estacionamiento del Este. La medida lo adoptaron luego de que la Corte ordenará la devolución de la administración del cetro comercial y el estacionamiento al concesionario. Pero al revocar la adjudicación Prieto y sus lacayos exponen a un descomunal daño patrimonial al municipio.
El lunes 24 de octubre se realizó la simulación de una reunión extraordinaria, solo entre los 7 concejales rastreros. En realidad, fueron simularon dos sesiones seguidas. Pero todo ya estaba preparado, y los ediles solo debieron votar y firmar. Algunos ni se enteraron de lo que estaban haciendo. Exponen al municipio a un descomunal daño patrimonial y deberán responder penal y civilmente por ello.
Anularon la resolución 646/2008 “Por la cual se adjudica la licitación pública nacional a la firma unipersonal Diego Hayes Sarubbi Kunzle”, el predio municipal donde ahora está construido el Shopping Box, y el Estacionamiento del Este.
Prieto y sus concejales rastreros tienen como objetivo burlar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que dispuso que la administración del complejo comercial y el estacionamiento sean devueltos al concesionario.
El intendente tomo la administración a la fuerza, encabezando una turba de patoteros.
Con anular la concesión para subsanar el problema jurídico que creo Prieto, al tomar a la fuerza el estacionamiento y el centro comercial, los ediles exponen al municipio a un descomunal daño.
El contrato de concesión establece indemnizaciones en caso de anulación o revocación unilateral del contrato firmado, que de acuerdo a la Justicia es legal.
Ganó todos los procesos judiciales en todas las instancias, hasta que finalmente la Corte Suprema de Justicia confirmara las sentencias de primera y segunda instancia y ordenara la devolución del Shopping Box y Estacionamiento del Este a la citada empresa.
La “recuperación” de esta estructura ocurrió en el 2020, y recién ahora la gestión de Miguel Prieto se ocupa de “legalizar” su decisión, con esta resolución a destiempo que le aprueban sus concejales serviles
LOS CONCEJALES RASTRERON SON:
María Portillo, Valeria Romero, y Alison Anisimoff.
Sebastián Martínez, Pedro Acuña, Oscar González y Víctor Torales.
En su “dictamen”, que visiblemente no lo elaboraron ni lo debatieron los concejales firmantes que son: María Portillo, Valeria Romero y Oscar González, ellos se ponen a “analizar” la cuestión de fondo, algo ya discutido en todas las instancias y ampliamente debatida por la Corte Suprema de Justicia, y así tratar de tapar uno de los “agujeros jurídicos” más grandes propiciados por Prieto, y que terminarán por propiciar uno de los perjuicios económicos históricamente más grandes contra los contribuyentes, ya que el pueblo pagará estos disparates.
