Uno de los hermanos de la aspirante a la Diputación, Liz Acosta Britez, está acusado de lesión de confianza y apropiación. Se trata de Aldo David Acosta Britez, quien es acusado por la fiscalía junto a otros ex directivos de la cooperativa AMEEBI (extinta) de haber chupado 250 millones de guaraníes a un jubilado de la Itaipú. Esto deja en claro quién es la política cartista quien trata de presentarse como la impoluta a los electores colorados. Al parecer el bandidaje es de familia.
Mientras Liz Acosta quien quiere ser diputada y está en carrera por el movimiento Honor Colorado, ataca a los medios de prensa que publican sus antecedentes, surgen más cuestionamientos contra la misma.
La misma se presenta como la impoluta que quiere el cargo para ayudar a la población. Pero es un engaño. La misma fue detenida, acusada y condenada a 3 años de cárcel en el Brasil por tráfico de cocaína.
La citada estaba vinculada a una peligrosa banda de traficantes, asaltantes, y secuestradores de acuerdo a los antecedentes. Pero un error en el procedimiento de la Policía Militar de Foz le permitió salir en libertad en 2003.
Pero al parecer entre sus hermanos no es ella la única que tiene antecedentes. Su hermano Aldo David Acosta Britez, fue acusado por el Ministerio Público por haberse chupado la suma de 250 millones de guaraníes a un jubilado de Itaipú, junto a los directivos de una cooperativa extinta AMEEBI.
Aldo David Acosta
En febrero de 2020, el Ministerio Público, representado por el fiscal Alcides Giménez, formuló acusación contra 5 directivos de la ahora desaparecida Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito, Servicios, Producción, Consumo y Trabajo de la Itaipú Binacional (AMEEBI), por la supuesta comisión de los hechos punibles de Apropiación y Lesión de Confianza.
Los acusados son: Angel Darío Orué Ayala (presidente), Cándido Waldermar Benítez (vicepresidente), Darío Fernández (secretario), Aldo David Acosta Brítez (tesorero) y Matías Garay Oviedo (gerente general).
El requerimiento conclusivo fue presentado en el Juzgado Penal de Garantías, a cargo de la magistrada Teresita Cazal.
Los sospechados supuestamente cometieron diversas irregularidades y habrían aprobado de forma unilateral la renovación de condiciones de contrato de depósito de ahorro del socio Félix Fleitas Ayala (jubilado de la entidad), a sabiendas de que no tenían posibilidad de reembolsarle su ahorro. La víctima, hasta ahora, no pudo recuperar la suma de 250 millones de guaraníes y la entidad fue clausurada por el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).
Los antecedentes señalan que, en el 2015, Félix Fleitas Ayala solicitó ser socio de la Cooperativa AMEEBI conjuntamente con su esposa Nancy Martínez y luego quedó habilitado para realizar operaciones financieras, específicamente ahorro a plazo fijo. Esto en razón de que se estaba jubilando como funcionario de la Itaipú Binacional y los directivos de la entidad habían ofrecido un porcentaje de interés por depósito a plazo fijo de 12% anual.
Liz Acosta
Es por ello que decidió operar financieramente con la cooperativa, realizando primeramente un depósito de G. 650 millones, luego retiró G. 450 millones y quedó en caja de ahorro G. 250.000.000.
Por el saldo de G. 250 millones, en fecha 31 de marzo de 2017, Félix Fleitas Ayala, socio número 915, suscribió un contrato de depósito de ahorro a plazo fijo con la cooperativa AMEEBI, representado por Ángel Darío Orué Ayala, en su carácter de presidente del Consejo de Administración; Aldo Darío Acosta Brítez, tesorero, y Matías Garay Oviedo, como gerente general. El vencimiento se estableció el 31 de marzo de 2018, con una tasa anual del 12%.
Los 250 millones desaparecieron.
Hasta ahora, Fleitas Ayala no sabe dónde está el ahorro que depositó en la cooperativa AMEEBI, ni mucho menos tenía conocimiento de los sucesivos contratos aparentes que se generaban dentro del Consejo de Administración, para tratar de embaucarlo.
El 28 de mayo de 2019, el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) retiró la autorización para operar y canceló la inscripción de la Cooperativa Multiactiva AMEEBI, mediante el informe final de la intervención, que advirtió sobre la delicada posición económica financiera de la entidad, con un patrimonio neto negativo, elevado endeudamiento externo con altos costos financieros.
Luego de reunir los elementos de sospechas, el fiscal Alcides Giménez resolvió la imputación de Ángel Darío Orué, Cándido Waldemar Benítez, Darío Fernández, Aldo David Acosta y Matías Garay Oviedo por Apropiación y Lesión de Confianza.
En febrero de 2020, tras completarse los 6 meses de plazo, el representante del Ministerio Público formuló la acusación y solicitó la elevación de la causa a Juicio Oral.
Pero hasta el momento no fueron a juicio.
